Tal como lo ha revelado El Tiempo (19-01-2007), en 2001 se firmó un acuerdo político entre los paramilitares y un grupo de políticos: congresistas, gobernadores y alcaldes.
Ese documento representa, quizás, el punto más bajo en el que ha caído la política colombiana. El único antecedente comparable fue el escándalo desatado por el proceso 8.000. Entre ambos señalan la penetración al más alto nivel de la política por el narcotráfico.
La existencia de la parapolítica es una desgracia del país. Es una desgracia explicable, pero no justificable. La democracia colombiana tiene el derecho y el deber de usar su fuerza legítima en contra de la amenaza guerrillera. Pero se ha cometido un error social enorme al considerar que, en la lucha contra la guerrilla, todo vale. En la lucha contra ésta la ventaja moral radica en no usar sus métodos. Lo que se ha construido es un monstruo de mil cabezas que le costará a Colombia mucho sufrimiento.
El país tiene que distanciarse tanto de la narcoguerrilla como del narcoparamilitarismo. Colombia no puede caer en la trampa de creer que defenderse de la amenaza guerrillera implica crear un ambiente de tolerancia frente al paramilitarismo. Que no quepan dudas: el paramilitarismo, como la guerrilla, es una maldición para el país.
Vergüenza sobre los firmantes del acuerdo parapolítico. Vergüenza, vergüenza, mil veces vergüenza. No se puede dar la señal de que en Colombia uno puede ser un hampón del más alto nivel y salirse con la suya. Como mínimo, esos individuos deben tener una muerte política.
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