07-01-15: Acuerdo humanitario o rescate militar

Hace pocos días, Fernando Araújo, ex ministro de Estado, quien duró secuestrado seis años por la guerrilla izquierdista que se hace llamar las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (Farc), recobró su libertad.

La liberación de Araújo ha reabierto el debate sobre cómo debe actuar el Estado frente a los secuestrados. En términos simplistas el debate es uno entre canje (o acuerdo humanitario) y rescate militar. A favor del rescate militar está la idea de que, frente al chantaje que implica el secuestro, el Estado no puede ceder. Si el secuestro es exitoso, estimula la realización de más secuestros. Por lo tanto, si desde el punto de vista de las familias de los secuestrados es razonable ceder al chantaje de los secuestradores, pagando por el rescate de aquéllos, desde el punto de vista del Estado es inconveniente que los secuestros se resuelvan por la vía del pago de rescates, o que el Estado ceda frente al chantaje implícito en un secuestro. El Estado no puede ceder frente al chantaje.

Otro argumento a favor del rescate militar es que existe una diferencia conceptual importante entre el intercambio de prisioneros en una guerra y el cambio de prisioneros de grupos armados por fuera de la ley en poder del Estado por secuestrados en poder de estos grupos. En una guerra normal, las partes tienen todas el mismo estatus jurídico, de modo que el intercambio de prisioneros en efecto tiene un carácter humanitario. Pero la de Colombia no es una guerra normal. Los secuestrados por los grupos armados por fuera de la ley son en buena parte civiles, privados de su libertad de una manera inhumana y bárbara. Existe una asimetría importante cuando los grupos armados por fuera de la ley liberan secuestrados, que presumiblemente no se involucrarán en actividades armadas en contra de esos grupos, y de otra parte el Estado libera prisioneros que presumiblemente se volverán a integrar a la lucha en contra del Estado. Este argumento sugiere que, si hay acuerdo humanitario, es más admisible si el Estado sólo libera prisioneros de bajo rango en las filas de los grupos armados por fuera de la ley. La liberación de los cabecillas de estos grupos es mucho más difícil de justificar.

A favor del canje o acuerdo humanitario está la consideración de que, ante la incapacidad del Estado para poner bajo presión a los secuestradores, sin arriesgar las vidas de los secuestrados, miles de secuestrados languidecen en cautiverio, en una situación inhumana sobre la cual el Estado “tiene que hacer algo”.

Un argumento espurio a favor del acuerdo humanitario es que los secuestrados por los grupos armados por fuera de la ley languidecen en cautiverio por el rechazo del gobierno a aceptar el acuerdo humanitario. El argumento es absurdo. La responsabilidad por la falta de libertad de los secuestrados en poder de los grupos armados por fuera de la ley sólo se puede adjudicar a éstos últimos. Cuando estos grupos secuestran a alguien, la responsabilidad por el secuestro, bajo ningún argumento, se puede asignar al Estado.

Supongo que en el debate entre canje y rescate militar las cosas no son blancas o negras. Sin embargo, yo tiendo a inclinarme hacia una posición más próxima al rescate militar que al acuerdo humanitario. En general, me parece que, si un grupo por fuera de la ley secuestra a alguien, la respuesta estatal no puede ser cederlo todo para garantizar la integridad física de los secuestrados. Esta actitud podría ser justificable en los familiares de los secuestrados, pero no en el Estado.

El estudio de dos situaciones históricas quizás me permita aclarar mi posición en el debate. En el gobierno de Turbay, en 1980, el M-19 tomó un conjunto de rehenes de alto perfil internacional en la famosa toma de la embajada de la República Dominicana. Quizás bajo la premisa de que los rehenes eran de tan alto nivel internacional que sería inadmisible que sufrieran en su integridad física, el gobierno decidió negociar con los secuestradores. Después de unas negociaciones que duraron un par de meses, a los secuestradores se les permitió escapar a Cuba, y los rehenes fueron liberados sin daño a su integridad física. En esta circunstancia me parece que el Estado fue demasiado débil.

De otra parte, en el gobierno de Betancur, en 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. La reacción de las Fuerzas Militares fue inmediata e indiscriminada, lo cual generó una masacre de rehenes y secuestradores, que le costó la vida a buena parte de los jerarcas de la rama judicial colombiana. En esta situación me parece que el Estado fue demasiado fuerte.

En síntesis, me parece que, cuando un grupo armado por fuera de la ley secuestra a alguien, el Estado debe tratar de impedir la fuga de los secuestradores, al tiempo que debe tratar de impedir llevar a cabo acciones que pongan en peligro la integridad física de los secuestrados. El balance entre estas dos cosas es complicado, de modo que debe ser juzgado caso por caso, pero ciertamente no se alcanzó ni en la toma de la embajada ni en la toma del Palacio de Justicia. En estos casos, en los cuales los secuestradores no tenían ninguna posibilidad de escapar, me parece que la actitud del Estado debía ser rodear la embajada o el Palacio sin promover tomas precipitadas, y exigir la entrega sin concesiones de los secuestradores. Mientras los secuestradores se entregan, el Estado debería planificar cuidadosamente una intervención militar, que sólo pondría en práctica cuando los secuestradores, para forzar sus puntos, empiecen sin ambigüedad a afectar la integridad física de los rehenes, o cuando las posibilidades de éxito del rescate militar sean muy altas.

El balance delicado está en cómo rodear a los secuestradores sin poner en peligro a los secuestrados. En los casos de la embajada y el Palacio de Justicia lograr ese balance era relativamente fácil. Pero en el caso de un secuestro como el de Fernando Araújo, ese balance es más difícil de establecer. Uno se puede imaginar una sucesión de círculos concéntricos que implican cada vez mayor presión sobre los secuestradores, pero también mayor riesgo sobre los secuestrados. En qué círculo concéntrico establecerse es lo que el Estado debe juzgar cuidadosamente, yo creo que con alguna sensibilidad a las opiniones de los familiares. La sensación aburridora en Colombia es que el Estado no tiene la capacidad militar para producir un círculo concéntrico que apriete lo suficiente a los secuestradores, de modo que los secuestrados pueden pasar años o lustros en esa lamentable situación.

En el caso del secuestro de Fernando Araújo, hubo una intervención militar que terminó de manera relativamente afortunada, aunque esa operación le costó la vida a un soldado de Colombia. No dejo de percibir que toda acción militar impone un riesgo sobre los secuestrados, y no creo que el caso de Araújo pueda ser tomado como un ejemplo de los méritos del rescate militar. Algunos analistas han señalado que en la liberación de Araújo hubo más suerte que pericia militar, y es posible que tengan razón. Establecer un círculo concéntrico de presión sobre un grupo de secuestradores siempre implica riesgos. La toma de la embajada de la República Dominica no terminó “bien” porque se salvó a los rehenes: a los cinco años el M-19 se estaba tomando el Palacio de Justicia. Y la masacre del Palacio de Justicia no puede ser calificada sino como una desgracia, pero ese fracaso militar debió haber pesado mucho en las cabezas de los cabecillas del M-19 a la hora de aceptar un pacto de paz con el Gobierno, menos de seis años después. Hoy Rosemberg Pabón, el jefe de la toma de la embajada dominicana, es un alto funcionario de la administración Uribe.

Horrible como es la situación de los secuestrados de Colombia y de sus familiares, uno no debe olvidar que, si Colombia requiere un acuerdo humanitario, éste debe implicar el abandono de toda práctica inhumana. Incluso las guerras tienen sus códigos humanitarios. En ningún caso el secuestro de civiles es una práctica de guerra aceptada. Si no hay acuerdo humanitario en Colombia, no es por culpa del gobierno. Es por culpa de unos grupos armados por fuera de la ley sin ningún trazo de humanidad. A pesar de lo cruel que es la situación de los secuestrados en Colombia, la hora del acuerdo humanitario todavía no le ha llegado al país.