07-01-05: Sobre la detención de Jorge Londoño

Con enorme sorpresa se ha recibido la noticia de la detención domiciliaria de Jorge Londoño y Federico Guillermo Ochoa, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Bancolombia. El presidente de Bancolombia es uno de los principales líderes empresariales del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que es a su vez uno de los principales grupos económicos de Colombia. Es decir, es toda una figura del establecimiento colombiano. La detención se produce por actos relacionados con la fusión del Banco de Colombia y el BIC hace ya casi 10 años. No es la primera vez que esa fusión produce escándalo. Recuérdese que esa fusión fue famosa por el pleito que generó entre la familia Gilinski y el GEA, que, veo hoy, es un pleito que no se ha cerrado.

Al presidente y vicepresidente de Bancolombia no se les puede condenar desde ya, porque para eso están los jueces. En estas notas me abstengo de juzgarlos, ruego porque la justicia opere de manera pronta y efectiva, y aprovecho su detención para hacer tres comentarios de otra naturaleza.

El primero es el funcionamiento de la justicia en Colombia. Es increíble que, si hubo procederes incorrectos en la fusión del Banco de Colombia y el BIC, la justicia colombiana sólo empiece a actuar casi diez años después. ¿Por qué sólo hasta ahora se preocupa la justicia? ¿Por qué la entonces Superintendencia Bancaria no se pronunció en su momento? Infortunadamente, este es uno de esos casos en los que uno no tiene más remedio que suponer que la justicia en Colombia se mueve al ritmo del poder de los intereses afectados. ¿Por qué el caso no se movió antes? Seguramente porque la justicia lo piensa dos veces antes de meterse con el GEA. ¿Por qué el caso se mueve ahora? Seguramente porque los callos pisados también son de gatos gordos. Es un pesar que la primera sensación que uno deriva de este caso es la constatación de que la justicia en Colombia no es independiente y no es ciega. Y no me quiero imaginar qué pasa si la detención resulta injustificada: sería una vergüenza para el sistema judicial colombiano, que seguramente la élite colombiana cobraría con creces.

El segundo comentario que quiero hacer es mi sorpresa ante la reacción popular frente a la noticia, expresada según los comentarios de los lectores en la página web de El Tiempo. Estos comentarios condenan a Londoño antes de tiempo, son vitriólicos, son carentes de toda civilidad, y rezuman odio contra el sistema financiero y contra la clase dirigente. Leerlos es una experiencia chocante. De esta situación, creo yo, se deben sacar dos lecciones: la primera es la necesidad de hacer un esfuerzo por hacer más civilizado el debate en Colombia. Es difícil no pensar que, cuando los colombianos no pierden la oportunidad de ser groseros desde el comienzo mismo de un debate, entonces el debate fácilmente se vuelve una trifulca, y muy posiblemente una pelea a muerte. La segunda lección es para la clase dirigente. Semejante animadversión popular debe ser por algo. La clase dirigente debe trabajar por su legitimidad, lo cual la debe obligar a pensar en su responsabilidad social. Esto es especialmente cierto para el sistema financiero, cuyas utilidades se cuentan en billones de pesos, al tiempo que sus clientes se sienten sistemáticamente abusados.

Lo anterior me conduce al tercer comentario. Infortunadamente, en Colombia ha habido escándalos que indican que el comportamiento de nuestros líderes empresariales colombianos es menos que prístino. No me refiero solamente a ciertos pecadillos, que en Colombia son ampliamente tolerados, como no pagar impuestos o no respetar las leyes laborales y ambientales. Me refiero también a los escándalos en que se vieron envueltos personajes como Jaime Michelsen o Félix Correa. Colombia requiere recuperar la confianza, si es que alguna vez la tuvo, en su clase dirigente. Para eso, de ella se debe esperar el máximo decoro. Así como de los líderes empresariales se espera de manera natural que se sepan comportar en un club social o en un restaurante de lujo, de igual manera se debe esperar que ellos se sepan comportar en todo lo ancho y largo de la vida social colombiana. Toda clase dirigente es, por definición, privilegiada. Que el pueblo la vea abusando de sus privilegios es intolerable. Por eso, si los señores Londoño y Ochoa son culpables de algo, su sanción, precisamente por ser ellos clase dirigente, debe ser ejemplarizante. Esto sería revolucionario en Colombia, un país acostumbrado a que la ley “es para los de ruana”. Los líderes empresariales tienen una responsabilidad social, que comienza por la pulcritud. En un país que todavía tiene por aprender que hay cosas que no se hacen, el ejemplo tiene que provenir de la clase dirigente. De lo contrario, ¿qué se puede esperar de un país en el que la sal se corrompe?