Uno de los aspectos más criticados del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, hoy denominado "acuerdo de promoción del comercio" (APC), es el que tiene que ver con la protección a los derechos de propiedad intelectual. Y la crítica es bienvenida, porque el de la propiedad intelectual es un tema muy espinoso.
El problema es el siguiente: ya nadie discute que el conocimiento es el principal factor de crecimiento económico en el largo plazo: si usted acumula conocimiento, entonces usted crece. En todos los libros recientes sobre crecimiento económico el conocimiento juega un papel primordial.
El conocimiento, sin embargo, es un tipo de bien especial: es lo que los economistas llaman un "bien público". De manera muy general, un bien público es un bien que, si es consumido por una persona, queda en todo caso disponible para ser consumido por otras. Por ejemplo, una manzana no es un bien público (es un bien privado), porque, si yo me como la manzana, tú no te la puedes comer. El conocimiento, en cambio, es un bien público, porque el hecho de que tú entiendas el teorema de Pitágoras no implica que yo no pueda entenderlo.
El problema de los bienes públicos, como bien lo saben los economistas, es que no son producidos en las cantidades "eficientes" cuando se deja que el mercado sea el que provea los incentivos para producirlos. En otras palabras, ciertos tipos de bienes, como los bienes públicos, no son producidos en cantidades eficientes por los mercados: los bienes públicos son un caso de falla de los mercados. La intuición de por qué esto es así es muy fácil de asimilar. Cuando yo produzco una manzana para su venta, yo espero que un consumidor me pague un precio por ella. El precio que el consumidor paga le da derecho a él, y a nadie más, de consumir esa manzana. Si alguien más quiere manzana, tiene que comprar otra, porque la primera es de uso exclusivo del primer consumidor. Por lo tanto, un segundo consumidor de manzana también tiene que pagarme para que yo la produzca.
Con el conocimiento, en cambio, es distinto. Si yo soy Pitágoras, y alguien está tratando de encontrar una fórmula para garantizar que las paredes de una casa sean realmente verticales, yo produzco el teorema de Pitágoras, que será de suma utilidad para el interesado. Supongamos que yo le vendo esa información. Ahora él puede pasar esa información a otros sin ningún costo, porque esa información no se agota al traspasarla. En síntesis, los nuevos usuarios del conocimiento que yo he creado no tienen la necesidad de pagarme para usar mi producto. En conclusión, el mercado ofrece muy pocos incentivos a la generación de conocimiento, con lo cual éste se genera en cantidades que son subóptimas para la sociedad. Y, si hay poca generación de conocimiento, entonces hay poco crecimiento económico, de acuerdo con la actual teoría económica.
La pregunta, entonces, es: ¿cómo estimular la generación de conocimiento? Una forma es crear derechos de propiedad intelectual sobre el conocimiento: si tú usas mi conocimiento, estás usando algo que es mío, y por lo tanto tienes que pagarme por ello. Parece una solución obvia. Si tú disfrutas mi canción, págame por ella, cómprala, en vez de simplemente copiarla de alguna fuente "pirata". Lo mismo con las películas, el software y prácticamente todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Si hay derechos de propiedad intelectual, con justicia Pitágoras podría cobrarme cada vez que yo use su teorema. Es muy sencillo: si el problema del conocimiento es que es un bien público, entonces privaticemos el conocimiento.
El lío de esta estrategia es que, si el conocimiento es un bien público, lo cual hace que los mercados fallen, volverlo privado lo convierte en un monopolio, y en este caso también se sabe que los mercados fallan: los consumidores reciben demasiado poco, demasiado caro, del bien que se produce bajo condiciones de monopolio.
Algunos dirán que crear monopolios es el costo que se tiene que pagar para crear los incentivos adecuados para la producción de conocimiento, que es tan importante para el crecimiento económico. Otros sostenemos que no parece tener mucho sentido tratar de corregir una falla del mercado (el conocimiento como bien público) con otra (el conocimiento como monopolio). Además, los efectos distribucionales de esto no son neutros: es claro que los derechos de propiedad intelectual benefician más a quienes tienen más posibilidades de producir conocimiento. Como son los países ricos postindustrializados quienes tienen más posibilidades de producir conocimiento, los derechos de propiedad intelectual parecen ir en desmedro de los países pobres. Un caso dramático ha tenido que ver con las drogas para combatir el sida en África. Las compañías productoras de drogas, que han invertido cuantiosos recursos en desarrollar el conocimiento necesario para producir las drogas que sirven para tratar el sida, esperan que a ellas se les pague, no sólo lo que vale hacer las drogas en sí, que no es mucho, sino también sus derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, como el conocimiento es un bien público, una vez alguien sabe hacer una droga contra el sida, queda muy fácil que otros la reproduzcan a bajo costo, si no hubiera que pagar derechos de propiedad intelectual. Comprensiblemente, muchos países africanos han optado por pagar la droga barata, sin reconocer los derechos de propiedad intelectual. ¿Están haciendo algo incorrecto?
Yo creo que no. Yo creo que lo que está mal es la pretensión de que el problema de que el conocimiento sea un bien público se corrija por la vía de los derechos de propiedad intelectual. Es una vía que ya tiene mucho recorrido y que está firmemente respaldada por los países ricos, de modo que ya incluso existe la percepción de que respetarlos es "civilizado". Sin embargo, al menos conceptualmente, es posible resolver los problemas de los bienes públicos por otra vía: la receta ortodoxa de los libros de texto es su subsidio por parte de organismos públicos. En otras palabras, sería el Estado el que subsidie la creación de conocimiento. Algo así parece moralmente más correcto. Ciertas ciencias nunca se atreverían a cobrar por el conocimiento que generan. Así pasa con los físicos, los matemáticos y los economistas. El caso moral a favor de cobrarles a los africanos unas drogas caras para que puedan combatir su sida es, a primera vista, muy cuestionable. Parece moralmente mucho más aceptable que los Estados de los países ricos subsidien la generación de conocimiento: eso les permitirá mantenerse a la cabeza de la economía mundial, a la vez que no se ven conflictos tan severos entre los intereses de los ricos y de los pobres. Este me parece otro caso en el cual la definición de los derechos de propiedad no es sólo un mecanismo para garantizar la eficiencia de los mercados, sino también un mecanismo con consecuencias distributivas indeseables.
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