Sobre El fénix rojo, de Luis Fernando Medina

Luis Fernando Medina, un destacado colombiano, PhD en economía de la universidad de Stanford y profesor en la universidad Carlos III de Madrid, acaba de publicar un ensayo que fue premio nacional en España y que bien merece ser debatido en Colombia. Sus principales tesis son, a mi modo de ver, dos: (1) el socialismo, lejos de estar abatido, tiene en la actualidad un espacio abierto de oportunidades, y (2) la idea más concreta de realización del ideal socialista en la actualidad es la renta básica universal (RBU).

Ambas tesis, si son miradas con detalle, pueden recibir comentarios y reparos, pero, si son miradas en términos generales, proponen un curso de acción que debería ser, si no implementado, sí por lo menos ampliamente considerado. Yo estoy de acuerdo con Medina en que se requiere una sociedad más igualitaria, en la que todos (y todas, para usar un lenguaje incluyente) tengan la posibilidad real de un ingreso justo. Sobre ese acuerdo básico hay que construir unas líneas teóricas sólidas y un programa para la acción: Colombia, y el mundo, necesitan avanzar en la construcción de un sistema económico mejor que el actual.

El problema es que el capitalismo ha demostrado ser muy bueno para generar riqueza, pero muy malo a la hora de repartirla. Desde cuando el capitalismo empezó a funcionar en forma, digamos que con la Revolución Industrial, se han generado unas enormes riquezas, pero también se han creado unas enormes brechas entre ricos y pobres. Dado que la riqueza está en la base del poder, la dinámica capitalista de concentración de la riqueza ha conducido también a una concentración internacional e intranacional del poder, que atenta contra la democracia. Internacionalmente, en el siglo XIX Inglaterra se convirtió en un imperio mundial, y en el siglo XX Estados Unidos, si no fue imperio en el sentido clásico, por lo menos sí impuso sus reglas al mundo (todos conocemos la nueva regla de oro: “El que pone el oro pone las reglas”). Intranacionalmente, ni en Estados Unidos ni en España ni en Colombia (por solo mencionar unos países) la gente está convencida de que el sistema que funciona en la actualidad es verdaderamente democrático: por eso en Estados Unidos y en España surgieron movimientos como Occupy Wall Street y 15-M (los “indignados”), respectivamente.

La versión idílica de los defensores del capitalismo es que, en este, todos tienen las puertas abiertas, y pueden hacer fortuna de acuerdo con sus capacidades, mientras que el Estado, que tiene facultades coercitivas, es decir, dictatoriales, tiende a concentrar el poder. Si algunos individuos o países son pobres hoy, en el capitalismo nada los detiene en su búsqueda de mayor prosperidad. Por eso, los defensores del capitalismo usualmente piden poco Estado, en nombre de la libertad, y mucho capitalismo, que premia a los que hacen las cosas bien. En esta versión, la desigualdad no es un problema, sino el justo premio para los que se esfuerzan y hacen las cosas bien y para los que no, y la democracia es que los individuos tengan libertad, especialmente para involucrarse en transacciones económicas no reguladas por el Estado.

En contra de la versión idílica de los defensores del capitalismo, los detractores de este dicen que donde más se concentra la riqueza, y por lo tanto el poder, es en el capitalismo, y que esa concentración de poder en la esfera económica tiende a dañar la calidad de la democracia, que es un mecanismo político de dispersión del poder. En esta visión la democracia es que todos tengan más o menos el mismo poder efectivo para hacer cosas: sin dinero, vastas capas de la población se quedan sin capacidad real para hacer nada, e, incluso si salieran de pobres, la enorme desigualdad las mantendría en una situación de subordinación que es injusta. ¿Deberíamos entonces mantener el capitalismo, por sus capacidades para generar riqueza, o deberíamos abandonarlo, por su efecto negativo sobre la distribución del ingreso y la calidad de la democracia? ¿Qué es la verdadera democracia? ¿Dejar que el capitalismo imponga sus reglas a la democracia, o dejar que la democracia imponga sus reglas al capitalismo?

Es en este contexto que el ensayo de Medina hace una contribución. Como ya dijimos, Medina propone una discusión principalmente sobre dos temas, el socialismo y la RBU. Los líos surgen cuando entramos a discutir los detalles. Con respecto al primer tema, cuando Medina habla de sus oportunidades, ¿qué quiere decir con “socialismo”? ¿Algo parecido a lo que pasa en Cuba, o en Venezuela, o en Argentina, o en Bolivia, o en Brasil, o en Ecuador, o en Chile, o en Uruguay, para solo referirnos a modelos latinoamericanos? Modelos de “socialismo” hay muchos. ¿Hay algún modelo socialista que funcione? Yo ciertamente no compraría lo que está pasando en Cuba, Venezuela o Argentina, pero me parece que lo que está pasando en Ecuador tiene aspectos interesantes (aunque no me gusta lo que pasa en materia de libertad de expresión), y me atraen mucho los modelos chileno y uruguayo. De modo que ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de socialismo?

Infortunadamente, Medina no es muy específico al respecto, y sobre eso todavía hace falta mucha reflexión. De manera muy general, se puede entender por “socialismo” un sistema económico que le da mucha importancia a la igualdad económica entre los seres humanos. ¿Qué tipo de socialismo queremos, si es que queremos alguno? Y, si queremos alguno, ¿estamos seguros de que funciona? El tipo de socialismo que yo visualizo, que está lejos de ser una idea terminada, admite que no podemos prescindir de la economía de mercado, ni de la libertad de empresa, ni del libre sistema de precios, ni de la democracia (en este sentido sería una forma de “socialdemocracia”), pero sí exigiría una cierta forma de propiedad pública del capital. Esta propuesta sale de la observación de que las peores desigualdades en el capitalismo provienen de la propiedad privada del capital, y de la tendencia de esta a ser altamente concentrada. Lo terrible del capitalismo es que la propiedad del capital tienda a recaer en unas pocas manos, y que eso genere una relación de poder en la que los dueños del capital mandan y pueden hacer dinero sin trabajar, mientras que los dueños del trabajo tienen que obedecer y trabajar para sobrevivir, si es que pueden. ¿Cómo abolir la propiedad privada del capital sin abolir la economía de mercado y la libertad de empresa y de precios? ¿Cómo garantizar que un capital no privado fluya a sus usos más rentables?

Una idea es que el capital solo pueda ser poseído, o usado (hay una diferencia), por personas jurídicas (empresas), no naturales, y que las personas jurídicas (empresas) solo puedan ser poseídas por sus trabajadores (personas naturales). Por ejemplo, ¿de quién debe ser el petróleo de un país? Uno supone que de la nación, pero, ¿cómo se beneficia el ciudadano de a pie de la explotación petrolera? En el caso colombiano, es el Estado el que se beneficia, no la nación, no la gente, a no ser de manera muy indirecta. O ¿de quién debe ser una carretera? Uno supondría que la carretera, siendo un capital físico, debería ser de todos, aunque una empresa privada pueda mantenerla y explotarla. Pero, por el usufructo de la carretera, por el arrendamiento de ese capital, la empresa privada debería pagar una renta del capital, que debería beneficiar a todos sus propietarios, es decir a todos. Si el capital puede ser poseído, en vez de solo usado, por las empresas, es más probable que haya más concentración del ingreso y de la riqueza. Sin embargo, en algunos casos será impráctico que el capital no sea de la empresa (por ejemplo, ¿no es más conveniente que los camiones que usa una empresa sean de ella, en vez de obligar a que sean arrendados?). Por lo tanto, esta distinción entre el capital poseído o usado por las empresas requiere una mayor elaboración, que por ahora queda pendiente.

En el esquema propuesto, habría total libertad de creación de empresa, y a los emprendedores habría que reconocerles algunos, o muchos, privilegios dentro de las empresas que creen (por ejemplo, el creador de una empresa siempre podrá conservar un puesto dentro de su equipo o junta de dirección). Sin embargo, en términos generales, dentro de las empresas debería operar algún tipo de régimen democrático entre los trabajadores, y unos topes máximos de desigualdad entre los salarios de los directivos y los trabajadores más rasos. Habría un mercado de capital, que se alimentaría de los ahorros de los trabajadores. Estos ahorros serían depositados en entidades financieras, gestoras del ahorro del público, y los trabajadores obtendrían por su ahorro la rentabilidad promedio que se obtenga en la(s) empresa(s) donde tengan depositado su ahorro. Habría una oferta y una demanda de capital: la oferta provendría de las entidades financieras, y la demanda provendría de las empresas del sector real (bienes y servicios). Pero el punto de fondo es que las personas no podrían poseer empresas en las que no trabajan, ni demandar remuneración por ser dueños de capital, más allá de la remuneración que reciba su ahorro en las entidades financieras.

¿Qué pasaría con los que no trabajan porque no pueden conseguir un empleo? Aquí es donde entra la discusión sobre la RBU. En mi concepción, el Estado debe ofrecer un, por llamarlo de alguna manera, “servicio público de empleo” a todo aquel que quiera trabajar y no pueda conseguirlo en el “sector privado”. De esta manera, toda persona que no pueda conseguir un trabajo en el “sector privado” siempre puede ir al servicio público de empleo y ser empleada. Ese servicio público de empleo debe ser distinto a tener un empleo público.

Naturalmente, el servicio público de empleo, que debe ser obligatorio para el Estado y voluntario para los ciudadanos, debe ofrecer un salario que no compita con los salarios del “sector privado”, y en ese sentido debe ser un “salario mínimo”. En otras palabras, el salario mínimo no debe ser una regulación que el Estado les impone a las empresas del “sector privado”, sino el salario que el Estado esté dispuesto a pagar a todos aquellos a los cuales el mercado laboral normal no les garantiza su derecho a trabajar. Naturalmente, la fijación del salario mínimo puede hacerse atendiendo a las consideraciones personales de capacitación y experiencia (por ejemplo, el salario mínimo puede ser mayor para quienes tienen estudios superiores y más experiencia laboral), y debe hacerse atendiendo a consideraciones económicas generales, como la condición y productividad del “sector privado”, y los costos fiscales de la medida. Los costos fiscales seguramente serán enormes, pero, si este programa es exitoso, todos (o por lo menos muchos de) los otros programas sociales del Estado pueden ser recortados o desmontados: al fin y al cabo, si la gente tiene trabajo, no necesita un Estado que le pague transferencias condicionadas, salud, educación, vivienda, seguro de desempleo, pensiones, etc. (aunque seguramente el Estado sí deberá seguir garantizando por lo menos algunos de estos servicios a aquellos que no están en edad o capacidad de trabajar).

En este sentido, toda persona debe tener garantizada una renta básica, que es universal, porque es para toda persona (en edad de trabajar), pero no es incondicional: si usted quiere trabajar, el Estado le garantiza el trabajo que usted tal vez no consiga en el “sector privado”, pero, para tener un ingreso, usted tiene que trabajar. A diferencia de ciertas ideas sobre la renta básica, aquí la renta básica no es incondicional: para conseguirla, usted tiene que trabajar.

¿Por qué creo que la renta básica no debería ser incondicional? Porque, si lo fuera, violaría, a mi modo de ver, un principio económico fundamental: que uno no puede obtener algo a cambio de nada, o para ponerlo en un lenguaje muy conocido por los economistas, que no hay almuerzos gratis. Con la renta básica incondicional un equilibrio lógicamente posible, pero económicamente insostenible, es que todos reciban renta y nadie trabaje. Esto sugiere que la RBU, para que sea sostenible, tiene que ser fijada a niveles bajos (¿muy bajos?): quizás así su eficacia sea limitada, pero algo es mejor que nada.

Un reto crucial del Estado es garantizar la productividad del trabajo que emplea con el servicio público de empleo. Una forma es ocuparlo en la provisión de obras y servicios públicos necesarios. Otra forma es “tercerizarlo”: el Estado bien podría alquilar al “sector privado” el trabajo que contrata de esta manera. Otro reto crucial del Estado es que ofrezca oportunidades de trabajo diversas, donde los individuos puedan ver satisfechas sus necesidades de realización personal. El programa de empleo público debe estar sometido a constante revisión, para que no se vuelva una carga fiscal más, sino que sea una forma productiva de emplear a la gente; para que ofrezca oportunidades de trabajo personalmente gratificantes a quienes no tengan otras opciones de trabajo; y para garantizar la movilidad de los trabajadores que hacen uso de él: la idea no es que los ciudadanos se eternicen en su uso, sino que puedan hacer en algún momento la transición al “sector privado”. En este sentido, el programa de empleo público debe venir acompañado de programas de capacitación para potenciar la empleabilidad de quienes hacen uso de él.

Una pregunta interesante es qué relación se ve entre el socialismo y la RBU. A pesar de que Medina acepta que la RBU ha tenido acogida incluso en sectores de derecha, al parecer, él ve un componente “socialista” en ella. Yo creo que el alcance de esta es menor: la RBU me parece una forma sofisticada de Estado del Bienestar. En muchos países se ha intentado montar una red básica de seguridad social. En Estados Unidos Obama apenas ha logrado universalizar una forma de servicio público de salud, y en Europa muchos países sufren con el peso de sus sistemas de seguridad social. No parece, pues, haberse encontrado el equilibrio. En Colombia nos hemos concentrado en tener un sistema de seguridad social en salud y pensiones, pero ni en Colombia ni en muchos otros países se respeta verdaderamente el derecho de la gente a trabajar, ni se percibe la enorme inmoralidad del desempleo, ni se entiende que la seguridad social es solo un paliativo menor frente al drama de no tener empleo. Quien tiene un empleo digno puede pagar su seguridad social, pero quien no tiene empleo, así tenga seguridad social, difícilmente puede realizar su potencial como ser humano (aunque, claro, siempre es peor no tener ni empleo ni seguridad social). La RBU me parece un paso interesante en la dirección correcta, pero es insuficiente para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria. La RBU amplía el espacio de oportunidades para todos, pero no es igualitaria.

Naturalmente, todas estas son ideas preliminares, basadas en una reacción inicial al trabajo, merecidamente premiado, de Medina. Ni él ni yo tenemos todas las respuestas. El mérito del trabajo de Medina es abrir una discusión urgente e importante. El mérito mío, mucho menor, es tomar en serio el trabajo de Medina, en un país en el que estas discusiones tienden a caer rápidamente en el olvido. Yo propondría, para comenzar, un encuentro formal de quienes simpatizan con estas ideas, para debatirlas y empezar a poner detrás de ellas un grupo de respaldo, que las visibilice socialmente y las promueva políticamente. La verdad es que el sistema económico actual tiene que ser superado, por sus efectos sociales y ambientales nocivos. Se requiere un sistema económico y social que respete la libertad de los individuos, y que ofrezca dignidad y oportunidades para todos. El reto no es menor, pero es apasionante.