11-05-11: El caso AIS, una vez más

El 14 de abril publiqué una entrada en mi blog que recibió toda una oleada de comentarios. La entrada se refería a la prisión de Camila Reyes por el caso AIS. Los comentarios son de tipos opuestos: de una parte, me han dicho cosas como que no se trata de defender solo a Camila Reyes, sino a todos los técnicos del Minagricultura que hoy están en la cárcel por el caso AIS, o que es absurdo que los técnicos respondan penalmente por el diseño e implementación de una mala política. De otra parte, me han dicho que esos técnicos, al facilitar o permitir la corrupción, sí deberían estar en la cárcel.

La verdad es que ver a esos muchachos en la cárcel es desmoralizante, en especial para aquellos que tienen la ilusión de hacer como técnicos una carrera en el sector público y contribuir al desarrollo del país. Lo interesante de una sociedad libre es que cada cual escoja qué hacer con su vida. Algunos escogerán ir al sector privado y tratar de hacer dinero, y otros escogerán ir al sector público. Me parece muy importante que cada cual haga lo que quiera hacer. Quienes están en el sector público claramente hacen patria. Quienes están en el sector privado también hacen patria, porque generan riqueza, empleo y pagan impuestos.

El problema en Colombia es que los incentivos para entrar al sector público están distorsionados. Para los honestos, las pagas son malas y los riesgos jurídicos son altos. Para quienes tienen ambiciones desmedidas de poder y para los corruptos, el Estado se vuelve un botín irresistible. Así, ¿cómo hacemos para que la gente buena quiera ir al Estado? Yo mismo he pasado por ahí, y ahora, a pesar de toda la presión, encuentro muy atractiva la vida en el sector privado, aunque quienes tenemos la vocación del servicio público quizás no la perdemos nunca.

Lo que sí es triste es que jóvenes que se meten al sector público con la mejor vocación de servicio terminen perseguidos sin sentido por la justicia o los organismos de control. A la mala paga se suma el riesgo jurídico. Cualquiera con un mínimo sentido de protección de los intereses personales se ve espantado por el sector público. Por eso los técnicos del sector público se han sentido especialmente agraviados por el encarcelamiento de los técnicos del Ministerio de Agricultura. La señal que se le está dando al país es que trabajar por el bien común no paga.

Al respecto, quisiera contar lo que tal vez es una infidencia. En medio de la investigación, Camila me pidió escribirle una carta de recomendación, que hubiera podido servirle en todo el proceso jurídico, pero que nunca redacté. Lo que sí hice, gracias a los buenos oficios de mi jefa, María Mercedes Cuéllar (a quien admiro, fuera de por otras, por ese tipo de cosas: ya quisiera yo ver a otros defendiendo a su gente), fue hablar con la señora Fiscal General de la Nación.

De Vivianne Morales tengo la mejor opinión: me parece una mujer proba y juiciosa. Le dije que, para lo que pudiera valer, yo podía meter mis manos al fuego por Camila Reyes. Ella me dijo que entendía, pero que el proceso debía continuar, y que el propósito era que los investigados dieran las explicaciones del caso y se defendieran.

Y lo siguiente que me dijo fue una admisión de la tragedia: que pensaba en Camila como pensando que su propia hija podría estar en esa situación, y que ella (la Fiscal), que ha hecho toda su carrera en el sector público, les recomendaba a sus hijos que no siguieran sus pasos, porque el sector público es muy desagradecido. Si una persona como Vivianne Morales les enseña a sus hijos que ir al sector público no vale la pena, ¿qué se puede esperar? No se puede esperar nada bueno de un país que manda señales de que la gente buena no se debe interesar en el servicio público.

Un segundo tema es el balance entre técnicos y políticos en el Estado. Encontrar aquí el equilibrio es muy difícil. En una primera instancia, es claro que los técnicos no deberían responder penalmente por las políticas públicas. Si una política pública es mala, la sanción debería ser política y debería ser soportada por los políticos (otra cosa es que haya comportamientos criminales por parte de los técnicos).

Pero la pregunta es hasta qué punto los técnicos pueden o deben parar las estupideces de los políticos o las trampas de los corruptos. En la historia reciente de Colombia ha rondado por ahí la idea de que los técnicos deben ser lo suficientemente poderosos como para poder cumplir ese papel. La idea es oponer la barrera del Estado tecnocrático al poder del Estado burocrático.

Esta idea ha sido compartida en su momento tanto por presidentes intervencionistas, como Carlos Lleras, como por presidentes neoliberales, como César Gaviria. Se dice que fue Carlos Lleras quien inició la tradición de tener un fuerte componente técnico en el gobierno.

La noción de que el poder de los técnicos pueda contener las malas ideas de los políticos es una que suena bien en principio, pero que es muy difícil de implementar en la práctica. En primer lugar, una tecnocracia poderosa sin control político no es deseable, entre otras razones porque la noción de una tecnocracia desprendida de toda consideración política simplemente no existe. En segundo lugar, es el poder político el que le otorga fortaleza a la tecnocracia. En tercer lugar, si la tecnocracia no está fortalecida, es imposible que cumpla su función de contención.

Durante mucho tiempo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) fue un bastión técnico en el Estado, que contenía las presiones políticas que se manifestaban en los ministerios. Mientras que los ministerios algo se han fortalecido técnicamente, el DNP se ha debilitado. El caso es que el balance técnico-político no luce muy a favor de los técnicos en la Colombia actual.

Así, es muy difícil que los técnicos puedan contener a los políticos. Yo sigo creyendo que Camila Reyes fue puesta en una situación que era superior a sus fuerzas, y que eso habla mal, no de ella, sino del sistema político vigente. Sea lo que sea, dos cosas me parecen ciertas: (1) Camila Reyes no era responsable del programa AIS, y (2) Camila, con toda probabilidad, no hizo algo que fuera abiertamente ilegal o inmoral. Ahí seguramente había una línea difícil de trazar, que hoy le están pintando de modo que ella queda del lado de los inmorales.

Una nota final: escribo todo esto porque creo en la bondad fundamental de Camila Reyes, y no porque esté interesado en defender el gobierno de Uribe o el ministerio de Arias, o porque crea que el programa AIS fue un buen programa. En particular, creo que el programa AIS fue un mal programa. No me interesa que la defensa de Camila y de los otros técnicos del ministerio se vuelva un tema político. Mi punto de fondo es que, si en el programa AIS hubo algo mal, aquí estamos haciendo pagar a quien no corresponde. Y eso es una tremenda injusticia.