08-07-15: Sobre la reforma política

Este es uno de esos textos que nunca terminé, y que hoy cuelgo de esa manera.

En días pasados se volvió a discutir en el Congreso de Colombia, sin buen éxito, el tema de la reforma política. Este tema volvió a surgir por dos razones: (1) la participación de fuerzas ilegales en la política colombiana, y (2) la necesidad de afinar las reformas políticas de 1991 y 2003.

Con respecto al primer tema, la participación de fuerzas ilegales en la política, la crisis de la denominada parapolítica hizo que muchos plantearan la necesidad de una reforma política, con al menos dos objetivos: (1) hacer más difícil la participación de los paramilitares, y en general de todo grupo ilegal, en la política, y (2) tener instrumentos de castigo más eficientes para aquellos políticos en ejercicio vinculados con grupos ilegales. Esto se tradujo en dos tipos de preguntas: (1) ¿cómo sanear la financiación de las campañas políticas? y (2) ¿qué tipo de castigo dar a los políticos vinculados con grupos ilegales?

En el tema de la financiación, en parte debido a lo costosas que se han vuelto recientemente las campañas políticas, volvió a surgir la idea de la financiación 100 por ciento estatal de las campañas políticas.

La financiación privada de la política tiene luces y sombras. En materia de luces, se dice que el aporte financiero privado a las campañas es una forma de participación política, tan válida o legítima como votar o formar parte de un partido político. En materia de sombras, se dice que es una forma de sobrerrepresentar los intereses de aquellos que tienen más recursos económicos, lo cual, en efecto, convierte a la democracia en una plutocracia.

En Colombia ha sido tradicional que la financiación privada de las campañas provenga de pocas fuentes, que usualmente no distinguen entre candidatos. Así, pocos ponen mucha plata, con lo cual es inevitable para los candidatos no tener en cuenta los intereses de sus financiadores, que en el mejor de los casos son grandes empresas, y en el peor son paramilitares, guerrilla o narcotraficantes. Lo deseable sería lo contrario: tener muchos financiadores que pongan, cada uno, poca plata.

Mi opinión es que la financiación privada de las campañas no puede ser abolida, entre otras razones porque en Colombia la participación de grupos políticos nuevos y renovadores ha dependido de la posibilidad de conseguir recursos privados de financiación. La financiación pública de la actividad política premia al statu quo y no a la renovación. Adicionalmente, con un Estado y unos partidos políticos débiles como en Colombia, quién sabe qué tipo de corrupción y otras aberraciones pueda traer la financiación enteramente pública de las campañas.

Me parece sensato permitir una financiación mixta de las campañas, con restricciones a la financiación privada. Por ejemplo, no me molestaría que las campañas sólo pudieran ser financiadas por personas naturales, y no jurídicas, y sólo hasta un tope preacordado.

También me parece muy importante revisar qué ha producido la inflación de costos reciente en las campañas políticas. La pauta en televisión parece ser una fuente de problemas. Quizás valga la pena pensar más activamente en temas de regulación de la propaganda política en los medios de comunicación. Esto quizás no les guste a los medios, ya que de ahí deben sacar unos ingresos jugosos, pero lo cierto es que, cuando una campaña política al Congreso vale 10.000 millones de pesos, prácticamente nadie en la legalidad puede pagarla.

Con respecto al castigo a los políticos asociados con grupos ilegales, me parece que la justicia debe investigar y condenar a los culpables. Esto quiere decir que llamados a cerrar el Congreso o convocar Asambleas Constituyentes me parece un error. No toda nuestra democracia es ilegítima porque haya un número, así sea alarmante, de congresistas investigados y condenados por vínculos con los paramilitares.

Sin embargo, sí creo que la responsabilidad no sólo es personal, sino también política. Esto quiere decir que no sólo se debe condenar al congresista parapolítico, sino también castigar al partido que lo patrocinó. Me parece claro que el partido también debe perder algo cuando se sanciona a un congresista. Si, por decir algo, un partido avala a un político vinculado con los paramilitares, me parece inaudito que la responsabilidad sólo sea del político. Tiene que haber una responsabilidad del partido también. En ese sentido, yo comparto la noción general de la silla vacía, que algunos han atacado porque puede afectar la representación regional. Frente a este tipo de críticas, creo que, en el peor de los casos, la vacante dejada por un congresista sancionado no puede ser llenada por otro miembro de su misma lista y partido.